El pasado Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece medidas para paliar el problema de
los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social, que se
completa con un Código de Buenas Prácticas.
Los destinatarios de la medida son aquellas familias que
cuentan con una única vivienda, tienen a todos sus miembros en el paro y no
tienen ingresos. La cuota hipotecaria no puede exceder el 60% de sus ingresos.
El Gobierno ha establecido unos baremos de precio de
adquisición de esas viviendas para las ciudades de más de un millón de
habitantes (200.000 euros) para las de medio millón (180.000 euros) y para las
de más de 100.000 empadronados (150.000 euros).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría
ha detallado que, para las familias en el umbral de exclusión, el interés
moratorio aplicable será el resultado de sumar a los intereses pactados en el
préstamo un 2,5% sobre las cantidades debidas y no pagados. Asimismo, ha
señalado que se reformarán los procedimientos de ejecución extrajudicial para
que sean "más ágiles, baratos y transparentes".
