El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Real Decreto Ley de saneamiento del sistema financiero, que aborda cuatro aspectos: un plan de saneamiento del sector, un plan de reestructuración, la simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro, y las limitaciones estrictas al sistema de remuneraciones de los administradores y directivos de las entidades que reciban ayudas.
La intención del Gobierno, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es "simplificar la estructura de las cajas de ahorros que no lleven a cabo actividad propia de una entidad de crédito". También se busca reducir costes y establecer la obligación de que "dediquen el 90 por ciento de sus excedentes de libre disposición a cumplir con su obra social".
El Ejecutivo ha establecido un conjunto de limitaciones a las remuneraciones fijas y variables de consejeros y administradores de las entidades que se beneficiaron de ayudas públicas o fueron intervenidas. Así, los directivos de los bancos y cajas que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, mientras que el límite para los directivos de las entidades intervenidas se sitúa en los 300.000 euros.
Todas estas decisiones adoptadas tienen el objetivo de fortalecer la confianza y la credibilidad en la sociedad española, en la economía y en el sector bancario, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además, se busca abaratar el precio de la vivienda y acomodarlo a la situación actual del mercado.
